“Debemos denunciar la estructura deshumanizante y anunciar la estructura humanizante”

Esto es lo que sentenció Luis Ramiro Beltrán en entrevista con Juçara Brittes, en 2008, acerca de la comunicación para el desarrollo y las Políticas Nacionales de Comunicación, que trae Chasqui en marzo de 2009.

Este comunicólogo boliviano es el personaje que abre la revista del primer trimestre y en Portada, un análisis de las políticas de comunicación en los países del área andina.

Luis Ramiro Beltrán

Los circuitos académicos registran, para las siglas Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), un importante marco político y teórico de comunicación social en el mundo occidental. Usted fue uno de los principales mentalizadores y articuladores de estas, por ello es considerado el “padre de las PNC”. ¿Asume esta paternidad?

Ese generoso apelativo me fue brindado por el distinguido colega José Marques de Melo en el prólogo del libro que él y usted editaron en 1998 para recoger los documentos del encuentro de Sao Paulo con que tuvieron la fineza de recordar mi trayectoria en la naturaleza precursora de mi aporte a la teorización sobre las PNC. Y, en efecto, gracias a los estimulantes requerimientos que me hizo la UNESCO tuve el privilegio de ser el primero que comenzó por plantear una definición, ya que no existía en la literatura internacional consultada, y emprendí la reflexión para formular aquellas nuevas políticas en nuestra región. Dicha definición, propuesta en 1974 y refinada en 1976, fue: “Una Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un país.”

Existen muchas referencias de su contribución, que comprueban la importancia no solo teórica sino pragmática de su definición. ¿Nos ayudaría a recordar lo más significativo?

En 1986 el colega español Josep Gifreu diría de ella que fue “una primera definición de políticas de comunicación que haría fortuna…”. En 1998 el colega venezolano Alejandro Alfonzo haría la siguiente afirmación: “Esta definición tuvo gran resonancia, al punto que en una u otra forma fue acogida en la Declaración de San José, aprobada por los delegados a la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe convocada por la UNESCO en Costa Rica en julio de 1976. Por otra parte, es con esta definición que se ha manejado, trabajado, comentado y difundido más, tanto en el sector académico como en el técnico y el profesional, y que ciertamente animó los diseños de políticas de Estado que en el área de la comunicación se realizaron al menos en Venezuela, Costa Rica y México entre 1976 y 1986…”. También en 1998 el colega boliviano José Luis Exeni manifestaría esta opinión concordante: “Es en este valioso documento donde se plantean las bases explícitas más sólidas de las Políticas Nacionales de Comunicación…”. Y, tan recientemente como en 2006, quien fuera el principal protagonista de la conferencia intergubernamental de 1976 en San José, el venezolano Guido Grooscors, hizo en un libro suyo sobre el tema estos señalamientos “…El primer paso consistió en convocar una reunión de expertos en Bogotá. Durante su desarrollo se conocería el documento de trabajo preparado por Luis Ramiro Beltrán que recoge la primera definición de políticas de comunicación que desde entonces citan todos los interesados en el tema. (…) Como dice Oswaldo Capriles, el documento ‘desapareció de la escena’ como consecuencia de la airada reacción opositora de los propietarios de los grandes medios de comunicación y de las instituciones patronales que los agrupan en nuestro continente. A pesar de ello, el pensamiento sobre la materia enunciado en Bogotá tuvo clara y fuerte influencia en los debates y en el histórico pronunciamiento de los Ministros de Información de Latinoamérica y el Caribe.

¿Además de Ud., quién más se ha destacado en la construcción teórica de las PNC?

El núcleo principal de la reflexión inicial, en la región, sobre políticas de comunicación como instrumento clave para la democratización de ella fue el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central de Venezuela, encabezado por el ilustre investigador Antonio Pasquali. La otra plataforma mayor de debate académico precursor sobre la materia fue promovida y presidida, con diligencia, perseverancia y creatividad, por José Marques de Melo en Brasil. Entre otros tempranos analistas del tema en la región sobresalieron Elizabeth Fox –mi compañera de trabajo y de ideales– mi entrañable amiga Patricia Anzola y Amparo Cadavid, en Colombia; Ricardo Noseda y Héctor Schmucler, en Argentina; Raquel Salinas y Fernando Reyes Matta, en Chile; Roque Faraone en Uruguay; Marco Ordoñez, Benjamín Ortiz, Marco Encalada y Andrés León en Ecuador; Rafael Roncagliolo, Carlos Ortega y Carlos Romero en Perú; Beatriz Soliz, Fátima Fernández y Joseph Rotta y Javier Esteinou en México.

¿Qué factores evidenciaron la necesidad de establecer políticas nacionales de comunicación en los países?

Creo que el factor principal fue el hecho de que los Estados miembros de la UNESCO se dieron cuenta, a partir del último tercio de la década de 1960, de que prevalecía una suerte de estado de aguda carencia de normas claras y coherentes en materia de comunicación masiva en los países de menor desarrollo nacional. Algunos instrumentos de legislación procuraban regular la conducta de los ciudadanos y el desempeño de periodistas y dueños de diarios, revistas y radioemisoras. Ponían énfasis en la protección de la libertad de prensa, a menudo amenazada por regímenes autoritarios de uno u otro signo ideológico. Pero el enfoque de aquello parecía estar primordialmente dirigido a proteger intereses de poderosos círculos privados. Los gobiernos sólo se interesaban por la comunicación como vehículo de propaganda para apuntalar el ejercicio del poder, generalmente por minorías conservadoras. Por otra parte, no tenían la voluntad de aplicar la comunicación al servicio de sus esfuerzos en pos de desarrollo porque no percibían la importancia crucial de ella para apuntalar sus programas sociales, como los de salud y educación. Lo que existía, por tanto, eran solamente políticas parciales, coyunturales, poco articuladas y hasta contradictorias entre sí, y poco explícitas. Todo ello, me parece, llevaría a los Estados miembros de la UNESCO a propiciar la formulación y aplicación de políticas de comunicación de alcance nacional con visión integral y enfoque democrático para subsanar la anomia.

¿Cuál es el contexto histórico en el cual se desarrolla el movimiento de las PNC?

La de 1970 fue considerada la “Década de Fuego” en cuanto a la comunicación internacional porque, entre mediados y fines, estalló a escala mundial una ácida y tenaz controversia entre los principales países desarrollados y los entonces llamados del “Tercer Mundo”. La candente confrontación, que tuvo por escenario principal a la sede central de la UNESCO en París, giró en torno a una propuesta del Movimiento de los Países No Alineados para forjar un Nuevo Orden Internacional de la Información y a la promoción por parte de la UNESCO de la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación. En ambos emprendimientos, el pensamiento crítico y renovador sobre comunicación que surgió en Latinoamérica, con ímpetu, tuvo primordial influencia. La UNESCO había propiciado ya en la década de 1960 la formulación de políticas nacionales para que sus Estados miembros normaran las actividades en los campos de la educación, la ciencia y la cultura. Y en 1970 su Asamblea General le dio el mandato de hacer lo propio en el de la comunicación. En cumplimiento, la UNESCO hizo en París, en 1971, una consulta preliminar a un grupo de investigadores de la comunicación entre los que yo fui invitado por Latinoamérica. Luego, en 1972, realizó también en París y a nivel mundial la Primera Reunión de Expertos sobre Políticas y Planificación de la Comunicación, en la que participé. Puesto que evidentemente hacían falta, como punto de partida, para el debate, presenté en ambos encuentros breves proposiciones tentativas para la construcción de una definición de la naturaleza de las Políticas Nacionales de Comunicación. Y a fines de 1973, habiendo decidido la UNESCO comenzar la tarea por nuestra región, me encomendó, en calidad de consultor en su sede central, preparar el documento básico para la Primera Reunión de Expertos sobre Políticas Nacionales de Comunicación que había resuelto llevar a cabo en 1974 en Bogotá. Produje así, en cien párrafos, una detallada propuesta conceptual y operativa dirigida a servir de plataforma para la reflexión. En julio de ese año, 17 invitados de la UNESCO y siete observadores provenientes de 14 países de Latinoamérica y el Caribe acudieron a la cita. Se tomó en cuenta el documento básico y en concordancia con la definición inicialmente planteada, ellos tuvieron una deliberación sustancial y creativa, y lograron arribar al consenso necesario para formular en detalle, en cumplimiento del encargo específico que les hizo la UNESCO, la agenda para la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe que ella había previsto realizar en 1975. Esa reunión, tuvo muchos percances… Tan pronto como la UNESCO hizo público el excelente informe final de la reunión de Bogotá, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo repudiaron públicamente, con aspereza, por considerarlo atentatorio contra la libertad de prensa y dirigido “a servir las aspiraciones de fascistas y marxistas”. Y anunciaron, por su cadena continental de múltiples medios, su decisión de oponerse resueltamente a la conferencia intergubernamental. En efecto, persuadieron a autoridades políticas de Argentina, Perú y Ecuador de que no brindaran sede a ella. La UNESCO tuvo entonces que postergar tal encuentro hasta que le dio franca y firme acogida el Gobierno de Costa Rica, el país de la región más cercano a la práctica de los ideales democráticos. Fue así que la SIP y la AIR no lograron impedir la realización de la conferencia en San José. Sí lograron, en cambio, provocar la renuncia de la Ministra de Cultura de Costa Rica, Carmen Naranjo, acusándola de haber sido patrocinadora de la reunión. Luego, ejerciendo dura presión sobre la UNESCO, pudieron inducirla a que no usara el informe de la reunión de expertos de Bogotá como base para las deliberaciones de los Ministros de Información, así como a que quitara la responsabilidad organizativa a los funcionarios de su central que habían armado y conducido la reunión en Colombia y, por supuesto, que no invitara entre los observadores a la intergubernamental a quienes participaron de aquélla. Clara y públicamente respaldada por el socialdemócrata presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y hábilmente liderada por su ministro de Información, Guido Grooscors, la conferencia intergubernamental se llevó a cabo exitosamente en San José, en julio de 1976, pese al acoso público que contra ella desataron allá con intemperancia la AIR y la SIP. Con el sustento de sus deliberaciones, pero estrechamente en el pensamiento de los expertos de la reunión de Bogotá del 74, los Ministros de Información formularon una importante declaración y aprobaron un amplio conjunto de resoluciones instrumentales al propósito de contribuir normativamente a democratizar la comunicación en la región, por medio de políticas nacionales de cada país. Acordaron que cada uno de ellos tendría que formular la suya, constituyendo un Consejo Nacional pluralista representativo de periodistas y otros comunicadores, de propietarios de los medios de comunicación y de funcionarios gubernamentales pertinentes. Y propusieron asignar al Estado, no la conducción protagónica del proceso sino la responsabilidad de apoyo a la aplicación de las políticas y, si resultara necesaria, la función de arbitraje.

¿Las resoluciones fueron aplicadas?

Infortunadamente, pero no sorprendentemente, no lograron materializarse en ninguno de los países que participaron de dicho encuentro, con la única excepción de aquella que dispuso establecer dos modestas agencias regionales de noticias: ASIN, que nacería en México, y ALASEI, que lo haría en Panamá; fueron organizadas y puestas en operación gracias al denodado esfuerzo del colega argentino José María Pasquini y del colega peruano Germán Carnero, que contaron con el valioso apoyo del colega italiano Roberto Savio, director de la Agencia Interpress. Solamente en dos de aquellos países se registraron intentos sustantivos de poner en práctica, integralmente lo que los Ministros de Información habían aprobado, pública y solemnemente, en San José de Costa Rica en 1976. Uno fue el de Venezuela, el país líder, académica y políticamente, del movimiento pro políticas nacionales de comunicación y el otro fue México. Infortunadamente, ambos intentos irían a fracasar principalmente por la misma razón: la extrema presión inhibitoria que ejercieron sobre los respectivos gobiernos los miembros de la AIR y de la SIP. Poco después de la conferencia intergubernamental realizada en San José de Costa Rica, Guido Grooscors emprendió las actividades necesarias para dar la más pronta y cabal aplicación a las determinaciones adoptadas. Comenzó por plantear la propuesta para establecer el Consejo Nacional de Políticas de Comunicación previsto como el órgano asociativo pluralista que conduciría el proceso de formulación de la respectiva política nacional del ramo. La reacción de las agrupaciones patronales de comunicación masiva contra tal propuesta fue tan beligerante, intensa y estentórea que logró sin mayor demora impedir su consideración por las autoridades estatales legislativas y ejecutivas, frustrando de raíz a tal proyecto de implementación. Aún más, provocaron el alejamiento de Grooscors de sus funciones en el gabinete. En vista de que no estaba lejana la fecha de una elección nacional general, el propio partido de gobierno al que él pertenecía halló necesario evitar la confrontación con aquellos poderosos intereses. El Ministro pasaría pronto a ser embajador en Colombia, con lo que la causa de las PNC fue privada de su principal promotor. Y así todo iría a quedar como estaba en el propio país que encabezara dicho movimiento de cambio normativo. Cerca de fines de la década del 70 tuvo lugar en México el segundo y el mayor intento de organización para la formulación de la respectiva política nacional de comunicación. Sin terciar en público debate sobre el tema, organizado por el Secretario de Información de la Presidencia de la República, se trazó en minucioso detalle los lineamientos para tal política y se diseñó un plan operativo para ponerla en práctica. Cuando ese empeño estaba cercano a su culminación, una filtración de información a un diario proporcionó a las agrupaciones continentales de comunicación la oportunidad para denunciar acremente como una actividad contraria a la libertad de prensa y provocar su cancelación. En efecto, el indicado alto funcionario de Estado fue súbitamente removido de su cargo, la documentación producida fue descartada y el proyecto fue clausurado, sin anuncio ni explicación, con la complacencia de sus ardorosos y muy influyentes antagonistas. Otros factores coetáneos contribuyeron también a mantener la situación de la comunicación en status quo. Uno de ellos fue el que la UNESCO se viera impedida de proporcionar apoyo alguno a esfuerzos de los países para propiciar las Políticas Nacionales de Comunicación porque, entre mediados y fines de la década del 70, fue el escenario principal de una encendida controversia mundial por una propuesta del Movimiento de los Países No Alineados para forjar un Nuevo Orden Internacional de la Información (NOMIC), que también fue objeto de frontal oposición por los mismos intereses político/empresariales militantemente opuestos al cambio. A tal grado llegó esto que, pese al entendimiento transaccional que la UNESCO lograría finalmente en 1980, con el concurso de la Comisión McBride que creó, cayó en una crisis tan honda, grave y fragorosa que desembocó en la sustitución de su director general, el africano Amadou Mahtar M’Bow y, algo después, inclusive en el retiro de Estados Unidos de América y de Inglaterra de dicho organismo internacional. Genocidas dictaduras militares conservadoras asolaron, a lo largo de la década del 70 y hasta el primer tercio de la del 80 a algunos países de la región, principalmente a los del Cono Sur. Esta dura realidad política contribuyó también a desfavorecer la implantación de las PNC porque tales regímenes –enemigos, ellos sí, de la libertad de información– no iban a interesarse por implantar políticas democráticas sobre ella y, por otra parte, porque si lo hacían había el riesgo de que, deformando su espíritu, más bien las orientaran hacia el control autoritario de los medios de comunicación. Y el tercer factor del caso fue la indiferencia ante el empeño prevaleciente entre las organizaciones constitutivas de la sociedad civil, tales como federaciones de maestros, asociaciones de universitarios, agrupaciones sindicales de obreros y de campesinos, colegios de profesionales y las propias uniones de periodistas. Tampoco fue el tema acogido por los partidos políticos. Y ni tan siquiera catedráticos y estudiantes de las varias facultades de Comunicación mostraron, en la mayoría de los casos, interés por comprometerse en apoyar la lucha por la causa de las políticas. La única entidad clave de la sociedad que se identificó activamente con la lucha fue la Iglesia Católica, motivada por sus excelentes agrupaciones regionales de comunicadores. Así, la inquietud quedó confinada a un limitado conjunto de investigadores de la comunicación que continuarían, si bien decrecientemente, reflexionando sobre la materia e insistiendo en la necesidad de las políticas. Pero, por no constituir ellos un movimiento orgánico formal y estable, no lograron que su preocupación llegara más allá de determinados círculos del ámbito académico y de algunos organismos internacionales de su campo, como el CIESPAL, el ILET y el INTERCOM.

¿Cuál es la situación de América Latina, en términos de PNC, en la era de la Sociedad de la Información, de la globalización y del neoliberalismo?

Considero que, lejos de mejorar, respecto de la que prevalecía en la década del 70, la situación de la comunicación en Latinoamérica ha empeorado muchísimo actualmente debido al influjo de la moderna tecnología de información, propia de la era globalizadora y neoliberal. Cuando menos desde mediados de la década de 1980, esa tecnología viene siendo utilizada casi exclusivamente más bien para expandir, profundizar y consolidar bajo el predominio del mercado la dependencia externa y la dominación interna. Consorcios transnacionales, principalmente estadounidenses, tienen hoy un incontrastable dominio del flujo noticioso, del negocio publicitario y de los programas de televisión. Y la `brecha digital´ entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo es abismal puesto que las diferencias en el acceso a los recursos de la telemática son ahora inmensas. Ya desde el comienzo de la presente década el 90% de la producción de bienes y servicios informáticos está en manos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Del total de 550 millones de aparatos de computación existentes entonces en el mundo, un poco más de la mitad estaba en Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia. Y del total mundial de internautas, el 57% se hallaba en Estados Unidos mientras que sólo el 1% estaba en Latinoamérica. En promedio, en los países desarrollados, el 30% de la población tiene acceso a la computación en tanto que en los países en vías de desarrollo, únicamente el 2% lo tiene. En América Latina ese indicador apenas se acerca al 10%. Del total de 97 millones de habitantes de México, 81 millones no manejan la computadora, y conforman alrededor del 84% de analfabetismo informático. Hay en dichos países 70 computadoras por cada 1.000 habitantes en tanto que en Estados Unidos hay prácticamente 600 por cada millar. Y en Bolivia, para dar sólo otro ejemplo más, apenas muy poco más del 3% de su población, cercana a los 10 millones de habitantes, tiene acceso a Internet y tanto como dos tercios de ese total de usuarios son jóvenes urbanos de las clases alta y media.

La tendencia de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación parece acentuarse, Ud. qué opina…

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva en pocas manos se ha acentuado en Latinoamérica en elevada proporción tanto en lo transnacional como en lo nacional. En efecto, en 2004 un estudio del Instituto Prensa y Sociedad halló un alto grado de concentración en la estructura de las industrias culturales y de telecomunicación. Verificó que en cada mercado nacional las cuatro firmas principales dominan, en promedio, algo más del 60% del público y de la facturación. Y puso en evidencia que en varios de los países los grupos económicos más poderosos controlan las empresas de comunicación y que ello conduce a la formación de conglomerados de múltiples medios. Por otra parte, los gobiernos de la región han venido favoreciendo crecientemente la inversión privada, inclusive en los sectores de la comunicación usualmente tenidos por estratégicos, como la televisión, la radio y las telecomunicaciones. Y, en vez de propiciar la instauración de políticas públicas democratizantes de la comunicación y, como tales, potenciadoras de la participación del pueblo en el proceso de comunicación, no pocos de dichos regímenes están inclusive impulsando la ultraliberal desregulación –preferentemente por medio de decretos, no por leyes– que beneficia a los sectores, internos y externos, que consideran que la mejor política de comunicación es, si posible, ninguna… o aquellas que, reformuladas a conveniencia de sus intereses, contribuyan a mantener intacta su hegemonía en nombre del “libre flujo de la información”. Lo que he anotado hasta aquí sobre la situación viene contribuyendo fuertemente a forjar mediante la comunicación mundializada una cultura masiva y transnacional. Ello tiende a ocurrir, desfisonomizando a las diversas identidades de las numerosas culturas propias de Latinoamérica y desplazando así el sentido de nacionalidad a beneficio de la anodina homogeneidad universal en que el mercado impera y prospera mientras languidece el Estado. Hallo sorprendente y deplorable que semejante conducta se dé por igual en los regímenes conservadores, que son la mayoría en la región, que en aquellos pocos que, hallándose identificados con el socialismo democrático, se consideran progresistas en el sentido de comprometidos con forjar el cambio estructural de la arcaica sociedad para lograr el desarrollo verdaderamente democrático que haga justicia al pueblo. Que yo sepa, hasta el momento ninguno de ellos –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Nicaragua– han resuelto propugnar, por entendimiento consensual y legal con personeros de la sociedad civil, el establecimiento de una integral Política Nacional de Comunicación que apuntale el cumplimiento de aquella aspiración. En Argentina, a mediados del gobierno del presidente Kirschner, el colega Washington Uranga señaló que si no se había logrado avanzar en materia de legislación innovadora sobre comunicación había sido porque no existía la voluntad política para provocar el cambio, ya que se prefería mantener la estructura para evitar enfrentamientos con los intereses económicos que dominan los medios. Y, concordantemente, el colega Guillermo Mastrini anotó que desde el principio era claro que tal gobierno no sólo no se proponía revisar las medidas neoliberales de sus antecesores, sino que había tomado disposiciones contribuyentes a consolidar el status quo comunicacional. Añadió que había, pues, “mucho ruido y pocas leyes”. En Brasil, José Marques de Melo afirmó que, si bien se habían logrado garantías constitucionales para hacer comunicación democrática, no se habían desarrollado instrumentos legales para aplicar los principios que las fundamentan. Venicio de Lima denunció que, de manera creciente, la formulación de políticas en el sector de comunicaciones tiende a dislocarse del control del Estado hacia los grandes conglomerados transnacionales. Andre Barbosa Filho y Cosette Castro criticaron por incongruente y anacrónica a la legislación sobre telecomunicaciones y radiodifusión y mostraron que la intención de formular una normativa de comunicación integral y adecuada fue frustrada por numerosos obstáculos. Concluyeron su análisis advirtiendo que, frente a un mercado sin reglas o con reglas dispares y ajenas a lo equitativo, el nuevo orden tecnológico imperante actuaría en el país como un tsunami. Y, en efecto, unas propuestas renovadoras que hizo el gobierno del presidente Lula, para contar con leyes para el campo audiovisual y crear un Consejo Nacional de Periodismo fueron abortadas por la fuerte presión de los medios de comunicación. Y observaciones semejantes a éstas fueron también planteadas, en el caso de Chile, por Lucía Castellón Aguayo, Víctor Silva Echeto y María Inés de Torres y, en el caso de Uruguay, por Gabriel Kaplún, Roque Faraone y Gerardo Albistur. Debo señalar que otro fenómeno importante de la situación actual es la proliferación de radios comunitarias a lo largo de la región. Son pequeñas emisoras independientes, ni comerciales, ni estales, que están financiadas y operadas, especialmente en el ámbito rural, por grupos de voluntarios que, por lo general, no son profesionales de comunicación, para prestar servicios desinteresados a sus conciudadanos. Ahora más que nunca, debido a la disponibilidad de nuevas tecnologías de emisión a bajo costo, la radio es el medio de comunicación masiva al que más acceso tiene el pueblo, no sólo en términos de audición de mensajes, sino en los de la producción. Las radios comunitarias constituyen la voz de los sin voz, de los pobres, marginados y, a menudo, oprimidos y explotados, también. Conscientes de aquello, dichas minorías gobernantes se empeñan en acallar a las radios comunitarias porque, al ser contestatarias, las consideran necesariamente subversivas. Lo hacen principalmente asegurándose de que la legislación sobre comunicación no permita la instalación y operación de emisoras de ese tipo. O sea, la política vigente de facto es la de prohibir la operación de esas radios que, en su mayoría carentes de licencia estatal para operar, se ven obligadas a hacerlo ilegalmente. Entra entonces en escena la represión –confesa o subrepticia– que no pocos gobiernos desatan contra las comunitarias por cuenta propia y cediendo a la presión de requerimientos del sector radiofónico privado y mercantil.

¿Sería posible tener evidencias de la represión de los empresarios de este sector, así como de grupos de gobierno en relación con las iniciativas de democratización de la comunicación en las radios comunitarias?

Unos cuantos de los casos más recientes de represión dan ejemplos del problema:

• En 2005 en Chile el órgano estatal regulador de las telecomunicaciones, SUBTEL, se valió de la fuerza policial para desmantelar algunas de las 200 emisoras comunitarias de ese país.
• En el Brasil de Lula –según lo informó el colega Alfonso Gumucio– es frecuente que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones clausure radios comunitarias apelando a la fuerza policial que daña instalaciones, secuestra equipos y aprisiona a directores y operadores de esas estaciones. Entre 2006 y 2007 nada más que en Río de Janeiro y Sao Paulo cuando menos medio centenar de tales emisoras fueron cerradas con violencia. Un caso muy notorio en la primera de dichas ciudades fue el de Radio Novo Ar, en el suburbio de Sao Gonzalo, en donde la Policía se llevó los equipos y la clausuraron. Y en la mayor favela de Sao Paulo 65 policías federales, mediante la “Operación Corsario”, asaltaron las instalaciones de Radio Heliópolis y causaron destrozos al clausurarla. A fines de 2006 alrededor de 13.500 emisoras comunitarias de todo el país seguían gestionando en vano ante el gobierno central que les otorgara licencia para operar, en tanto que alrededor de dos tercios de los parlamentarios disfrutaban de licencias de radio y televisión. Y, por otra parte, cuando el gobierno tolera la actividad de algunas de dichas emisoras, restringe severamente su alcance al no permitirles más que la ínfima potencia de 25 watts.
• En 2006, fiscales y policías tomaron por asalto las oficinas del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria y secuestraron computadoras y documentos.
• En marzo de 2007, el Ministerio de Comunicaciones de Colombia impuso medidas de censura a las radios comunitarias al prohibirles incluir en su programación expresiones de candidatos, debates políticos y propaganda electoral para comicios que tenía lugar entonces. Lo hizo contraviniendo legislación vigente que reconoce a dichas emisoras libertad de expresión especialmente en cuanto a promoción de la democracia, a la participación popular en el manejo de la cosa pública y al logro de la convivencia pacífica.
• En marzo de 2008, en Sonora, México, periodistas de la emisora comunitaria Radiobemba FM fueron asignados a cubrir en un amplio parque el desalojo policial de ciudadanos que se oponían a la tala de árboles para la construcción de un centro empresarial-cultural. La Policía Municipal, fue ruda con tres reporteros y violenta en el caso de una reportera a quien golpearon y despojaron del teléfono celular con que transmitía la información, impidió la cobertura.
• Y a mediados de abril del presente año el grupo paramilitar colombiano “Águilas Negras” se valió de la Internet, soez y reiterativamente, para amenazar de muerte al sacerdote director de la radio comunitaria Ecos de Tiquisio, y a miembros y dirigentes de organizaciones sociales del sur del departamento Bolívar, tildándolos de anarquistas, guerrilleros y bandidos.

¿Existen ejemplos positivos, posiciones en defensa de esos movimientos comunitarios?

Que yo sepa, sólo hay en Latinoamérica dos casos de excepción en pro del reconocimiento del derecho de las radios comunitarias a operar. El primero en Bolivia, donde se consiguió, en 1999, la otorgación de frecuencias a las primeras 17 emisoras reconocidas como comunitarias. En 2004, por diálogo conciliatorio en 20 sesiones entre la Dirección General de Telecomunicaciones y agrupaciones de radios comunitarias, se logró la emisión de un decreto que les dio el reconocimiento legal y las habilitó para contar con licencias y frecuencias. Pero el decreto reglamentario, necesario para hacer efectiva la aplicación de dicha determinación sólo pudo ser conseguido, por nuevas negociaciones, en 2004. Sorpresivamente, sin embargo, en 2007 un nuevo decreto general sobre “telecomunicaciones rurales” desvirtuó y debilitó a lo dispuesto en el anterior, en varios aspectos, con limitaciones y cortapisas al funcionamiento de las radios comunitarias. El gestor y promotor principal de esas valiosas realizaciones, ahora malogradas fue el director del Servicio de Radiodifusión para el Desarrollo de la Universidad Católica, José Luis Aguirre, que era, a la vez, el representante en Bolivia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En cambio, en Uruguay –país en el que no había políticas propicias a la democratización de la comunicación no sólo durante el largo período de dictaduras militares sino aún en los primeros años de la restauración del gobierno democrático– se logró finalmente en 2007 -por prolongadas y difíciles reuniones promovidas por varias organizaciones sociales, con apoyo de la AMARC, en pos de un acuerdo con todos los interesados- que la Cámara de Diputados aprobara una completa y excelente Ley de Radiodifusión Comunitaria, que puso fin a la dura oposición que los radiodifusores comerciales habían ejercido. Constituyen la AMARC como socias 3.500 radioemisoras comunitarias en 118 países de todo el mundo. Ellas tienen como bases a sus asociaciones nacionales que, a su vez, se agrupan en regionales, como la muy activa y destacada de América Latina. Nacida en Montreal, Canadá. AMARC acaba de celebrar al cabo de 9 reuniones a escala mundial el 25 aniversario de su creación con un encuentro en Colombia en febrero del 2008. Los participantes de ella emitieron una Declaración que tiene por base a un conjunto de 14 principios para una legislación democrática sobre radiodifusión comunitaria. Se subraya, en el documento, un llamado al reconocimiento por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de dichos principios como un enunciado modelo del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en América Latina y el Caribe. Tal planteamiento bien pudiera probarse un día un aporte instrumental para la formulación de las integrales Políticas Nacionales de Comunicación. Las nuevas tecnologías, en la época de la TV como expresión de mayor avance, serían utilizadas como instrumentos para democratizar el conocimiento y pro consiguiente promover el desarrollo. El proyecto no se ha concretado.

¿La dificultad estaría en la naturaleza de la tecnología? ¿La tecnología encerraría posibilidades emancipatorias?

La afirmación de usted es evidentemente correcta. La insurgencia de la “Sociedad de la Información”, a mediados de la década de 1970, fue proclamada como el mecanismo providencial para que nuestros países superaran la gravísima crisis económica que fueron puestos a padecer al despuntar la era neoliberal y globalizadota, y alcanzaran así el anunciado desarrollo. Más aún, las redes de Internet, de radio y televisión digital y de telefonía móvil fueron tenidas por infaliblemente promisorias de la democratización de la comunicación entre nosotros. Pero, excepto por la ampliación del acceso a la televisión y a la radio comerciales, nada de aquello ha ocurrido. Más bien, lejos de que el desarrollo fuera logrado, el subdesarrollo se ha agudizado mucho más y ha exacerbado los niveles de pobreza. Según la CEPAL, la gran mayoría de los hogares de nuestra región no tiene ingresos como para acceder al nivel mínimo del consumo de masas. En cuanto a la democracia, tan ineficaz e injusto ha sido el desempeño de los gobiernos latinoamericanos en cuanto al respeto a los derechos y a la atención de las necesidades de las mayorías postergadas que, según indagaciones de que informa el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, cerca de la mitad de la población prefiere que haya desarrollo económico aún sin democracia. Creo que ello ocurre porque ha perdido la fe en ella. Es que ésta, como ya le decía antes, no sólo que no ha logrado implantar la equidad en la economía sino que ha contribuido a agrandar más bien la brecha entre los pocos ricos y los muchos pobres. Y respecto de la comunicación y la cultura, muy lejos de haberse logrado acceso, no digo universal, sino siquiera sustantivo a los nuevos medios, la mayoría de nuestra población está más bien excluida no sólo de los sistemas informáticos, debido a la miseria a que está sometida. Baste con tener como indicativo de ello lo que en su estudio, que ya le mencioné, encontraron nuestros colegas Becerra y Mastrini: que, en promedio anual, un ciudadano latinoamericano compra un diario sólo en diez ocasiones, asiste menos de una vez al cine, adquiere menos de un libro y compra en el comercio legal medio disco compacto. Que, en cambio, tenga hoy considerable acceso a la televisión no es –a mi modo de ver– consuelo válido, pues se trata del medio no sólo más trivial, sensacionalista y a veces hasta indecoroso, sino también del más alienante, desinteresado en el pueblo raso y ajeno a la promoción del desarrollo democrático, especialmente en materia de educación y cultura. El problema de la tecnología de la Sociedad de la Información no es intrínseco, sino que está en el uso que de ella se hace; es decir, radica en quién la usa, para qué y cómo. Y es evidente que en Latinoamérica sus principales poseedores y usuarios son las minorías gobernantes que se valen de ella para preservar la dominación interna y robustecer y expandir la dependencia externa. Mientras ello siga siendo así, mal puede tener aptitud emancipatoria. Y de allí que sea necesario cambiar la situación al propiciar la regulación de dicha tecnología mediante integrales y democráticas Políticas Nacionales de Comunicación, formuladas por un diálogo pluralista y consensual, y aplicadas mediante instrumentos y procedimientos legales.

A la luz de lo descrito, ¿considera necesario y posible el establecimiento de nuevas PNC en nuestros países?

Sin duda, considero dicha instauración mucho más necesaria que nunca antes porque esa situación es más compleja, más abarcadora y más grave que la que prevaleció en los años 70. Me place compartir esta convicción con compañeros de mi generación rebelde como Antonio Pasquali, José Marques de Melo y Guido Grooscors. Y me alienta comprobar que ahora aquella es abrazada también por algunos miembros de la nueva generación de estudiosos de la comunicación en mi región, según lo muestran unos cuantos casos salientes. Valerio Cruz Brittos (Brasil) sostiene que hoy más que antes viene a ser fundamental la adopción de políticas de comunicación nacionales, regionales y globales. Coincide con él José Luis Exeni (Bolivia) al señalar que dichas políticas siguen siendo, incluso más que en su surgimiento hace tres décadas, un ideal deseable, necesario e irrenunciable. Luis Albornoz (Argentina) afirma que es imperiosa la necesidad que tienen los países de contar con políticas públicas, nacionales e internacionales, para democratizar la información, la cultura y la comunicación. Migdalia Pineda de Alcázar (Venezuela) acota que un proceso de democratización de la comunicación en el contexto actual de globalización requerirá la enunciación de políticas de comunicación, de cultura y de educación. Martín Becerra (Argentina) y Guillermo Mastrini (Argentina) estiman necesario repensar las viejas propuestas que instaban a definir políticas de comunicación y cultura. Concuerda con ello Andrés Cañízales (Venezuela), al señalar la conveniencia de que las políticas consideren la diversidad de componentes de cada cultural nacional. Y Octavio Getino (Argentina) sugiere que las nuevas políticas debieran darse en los ámbitos educativo, info-comunicacional e industrial tecnológico, articulándolos en los niveles internacional, nacional, regional y local. Me parece lógico que las políticas que ahora se recomienda implantar tiendan a conservar el espíritu democratizante, justiciero y contestatario de las que fueron propuestas en 1970, pero es obvio que deberán cobrar nuevas formas y definir alcances apropiados a las diferentes realidades de hoy. En línea con este razonamiento, se han dado ya, cuando menos desde fines de los años del 90, algunos planteamientos renovadores importantes. Luego de hacer algunas apreciaciones críticas sobre aquellas políticas que propiciara la UNESCO, Jesús Martín-Barbero abogó porque las que se necesitan tomen en cuenta la diversidad cultural que caracteriza a cada una de nuestras naciones, así como la construcción del espectro cultural de nuestra región. Y destacó la conveniencia de que las políticas no se conciban meramente como referentes a tecnologías de información y a medios de comunicación, sino que formen parte de políticas culturales tanto en el ámbito público como en el privado de la sociedad civil. Sin descartar la esencia de las políticas originalmente propuestas al nivel multigubernamental en Costa Rica, en 1976, pero actualizando, ampliando y refinando su enfoque pluralista y participativo, José Luis Exeni propuso forjar “Políticas Públicas para la Comunicación Pública” (PPCP). Expuso pormenorizada y ampliamente este concepto innovador y planteó siete valiosas consideraciones procedimentales para que las políticas de comunicación vuelvan a ser objeto de investigación, materia de enseñanza, motivo de preocupación ciudadana y objeto de decisión pública. Y, para consignar sólo un ejemplo más de la actual reflexión sobre el tema en nuestra región, anoto que Martín Becerra entiende pragmáticamente por políticas de información y comunicación a las estrategias y prácticas de ordenamiento, regulación, gestión, financiamiento y formulación de planes y prospectivas relativas a las actividades infocomunicacionales.

…La tendencia de aniquilar los propósitos de compartir la información y el conocimiento que parecen generar las TIC y el surgimiento de nuevas utopías sociales, en expresión de Armand Mattelart, para denominar, las cuestiones de diversidad cultural. ¿Cómo ve esta realidad?

Al cabo de un cuarto de siglo de que la Asamblea General de la UNESCO aprobó el histórico Informe MacBride, que recogió y validó los planteamientos del “Tercer Mundo” sobre el cambio necesario en materia de comunicación, la Organización de las Naciones Unidas volvió a propiciar debates sobre políticas internacionales de información y comunicación al patrocinar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que constó de dos períodos de sesiones: uno en Ginebra en diciembre de 2003 y el otro en Túnez, en noviembre de 2005. Al primero, además de delegados gubernamentales y de personeros del sector comercial privado, concurrieron algo más de 3000 miembros de cerca de 500 organismos no gubernamentales representativos de la sociedad civil. Pese a esto, la Declaración de Principios y el Plan de Acción que el encuentro produjo proclamaron únicamente la voluntad de dar mayor difusión a las nuevas tecnologías, intensificando la inversión del sector privado. En cambio, al mismo tiempo, la Sociedad Civil emitió una declaración que demanda de la Sociedad de la Información satisfacer las necesidades humanas y no meramente los intereses mercantiles de expansión de infraestructura informativa. En junio de 2005 se realizó en Brasil, la Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, donde culminó el período preparatorio para participar en el segundo período de la Cumbre de la Sociedad de la Información, que emitió el Compromiso de Río de Janeiro. Significativamente incluye una propuesta de formulación de políticas públicas, específicamente dirigidas a democratizar el manejo de Internet, que actualmente efectúa por su exclusiva cuenta la corporación estadounidense sin fines de lucro conocida por su sigla ICANN. En ese segundo período de la ya mencionada Cumbre, que se llevó a cabo en Túnez, el debate controversial desembocó en una prórroga de un quinquenio para el funcionamiento de la ICANN. Y, paralelamente, se estableció el Foro de Gobierno del Internet, organismo internacional a ser integrado por representantes de empresas comerciales del ramo, de organismos no gubernamentales e intergubernamentales. Por lo demás, el Programa de Acción de Túnez soslayó la consideración de los problemas y requerimientos expresados por los organismos no gubernamentales y confirió a los gubernamentales papeles accesorios en cuanto a la expansión de las tecnologías de información y comunicación. Marcó así la prevalencia de la dominación externa global favorable al interés mercantil y a la preservación del status quo. Creo que, pese a esos resultados poco satisfactorios, la importancia de las tres reuniones que acabo de mencionar no debe pasar inadvertida para quienes aspiramos a lograr políticas democratizantes, puesto que el solo hecho de que la ONU haya reabierto el debate internacional sobre información y comunicación, incluyendo a las políticas para ello, constituye un avance. Algo semejante podemos decir de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, emitida en noviembre de 2001 por la propia UNESCO que, al definir un año antes lo que entiende por tal diversidad, afirmó que únicamente contando con políticas culturales apropiadas sería posible asegurar la protección de la diversidad cultural creativa contra los riesgos de una cultura única homogeneizada. En el articulado de la declaración hay muy pocos enunciados correspondientes a la información y a la comunicación en relación con la diversidad cultural. Uno de ellos es que dichas políticas deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados por medio de industrias culturales estables y de amplio alcance. Y otro es que los medios tradicionales de comunicación masiva deben tener una actitud pluralista que contribuya a preservar la diversidad cultural dando paso por igual en su ámbito de cobertura a todas las culturas. Son abundantes, en cambio, en la declaración, enunciados correspondientes al empleo de las modernas tecnologías de información y de telecomunicación en relación con dicha diversidad. Los Estados miembros no hallaron apropiada esa declaración para contribuir a contrarrestar eficazmente los riesgos a que se halla expuesta la diversidad cultural en el mundo globalizado de hoy. Insistieron, por tanto, ante la UNESCO para que, complementariamente, propiciara la conformación de un instrumento normativo de naturaleza obligatoria. Lo consiguieron en la 33a. Conferencia General de la UNESCO que aprobó en París, en 2005, por amplia mayoría de votos, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Ella da reconocimiento legal al derecho de los Estados miembros a instaurar disposiciones reglamentarias y financieras que protejan, en la jurisdicción nacional y en el ámbito internacional, la diversidad de las manifestaciones culturales, particularmente cuando se hallen en situaciones de peligro. Por último, no debiéramos desconocer la significación de la reciente constitución a escala mundial de coaliciones en pro de la defensa de la diversidad cultural. Formadas por agrupaciones de redes de actores y promotores de la cultura. Existen alrededor de 30 coaliciones, incluidas en Latinoamérica las de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Las coordina el Comité de Enlace Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural y ya dieron contribuciones y apoyo a la formulación de los planteamientos de la sociedad civil ante la UNESCO para la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Todo lo que he reseñado y subrayado en esta parte de nuestra conversación pone en evidencia el hecho de que últimamente ha venido renaciendo considerablemente, en la esfera internacional y en la nacional, la conciencia de que hay que retomar el impulso de instaurar políticas de información y comunicación en el encuadre de la cultura. Hemos visto, en efecto, que hay en Latinoamérica la voluntad para ello y la capacidad reflexiva, tanto en plan individual como en esfuerzo colectivo. Se dan ahora al nivel internacional ocasiones de debate constructivo, ya no sólo entre organismos no gubernamentales, sino en instancias gubernamentales nacionales e internacionales. Y, en algún grado así como en distintas formas, las Naciones Unidas, incluyendo a la UNESCO, han vuelto a asumir su responsabilidad en materia de promoción de políticas de información, comunicación y cultura. Contamos ahora con una atmósfera y con varias plataformas para volver, de lleno y sin pausa, a la lucha por los ideales abrazados a partir de la década del 70.

¿Cuál es su evaluación de la tarea que tienen las generaciones futuras, en la continuación de estos esfuerzos? ¿Los avances alcanzados sugieren una lucha menos ardua?

Me parece que todo ello es reconfortante, pero no debe inducir a nadie a suponer que la tarea a emprenderse, en definitiva, sea en modo alguno simple y pueda resultar fructífera a corto plazo. Al contrario, en la era de la Sociedad de Información el poderío mundial que se opone al cambio justiciero es de magnitud descomunal y, sin duda, ha de anticiparse de él resistencia enorme, acerada y tenaz a la instauración de nuevas políticas para democratizar la información, la comunicación y la cultura. Por tanto, el desafío que enfrentan los proponentes del cambio es mayúsculo y sólo una sólida, amplia y sostenida unión entre ellos puede habilitarlos para entrar en acción con expectativas de buen suceso. Forjar tal alianza renovadora es algo que está al alcance de Latinoamérica, mucho más que en los casos de las otras grandes regiones del mundo en vías de desarrollo. En efecto, existen en ella, importantes y dinámicas agrupaciones profesionales de comunicación como FELAFACS, que cuenta con algo más de 1.000 facultades afiliadas; ALAIC, que conjuga a los investigadores del ramo; el Secretariado Conjunto de las Organizaciones Católicas de Comunicación; la FELAP, de los periodistas; la rama regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la ALER de los radialistas educativos. Igualmente están en la escena prestigiosas entidades internacionales como CIESPAL (Ecuador), INTERCOM (Brasil), el Instituto Prensa y Sociedad (Perú), y nacionales como el ININCO de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Investigaciones de la UNAM de México. Hay, pues, en nuestra parte del mundo una base institucional de excepcional calidad e influencia. Pero, puesto que obviamente ninguna de esas organizaciones puede asumir el gran reto por sí sola, es indispensable y urgente que todas ellas conjuguen sus recursos humanos y materiales, mediante un Comité Permanente de Coordinación Internacional, encargado de diseñar y ejecutar un Programa Cooperativo Regional de Promoción de Políticas para Democratizar la Comunicación.

¿Por dónde iniciar?

Sus objetivos, lo digo reiterando lo que planteé en 2005, podrían ser estos:

1. Realizar un inventario-diagnóstico de las características principales de la dominación y la dependencia en materia de comunicación en la región en la era de la Sociedad de la Información, asegurándose de que desemboque en un mapa de la naturaleza de los problemas, del estado de las políticas y de las posibilidades y limitaciones para la acción cooperativa solutoria.
2. Identificar –sistemática, conjugatoria y refinativamente– todas las conceptualizaciones propuestas en la región, en materia de políticas, analizarlas, armonizarlas y sintetizarlas en un planteamiento integral y coherente de bases para la formulación y aplicación de ellas a los niveles regional, nacional y local.
3. Diseñar, a partir de ambos estudios, una estrategia general de acción cooperativa, de horizonte quinquenal, para propiciar la implantación en todos los países de nuevas políticas apropiadas a la realidad actual cifradas primordialmente en la movilización social para comprometer con la causa a los principales tomadores de decisiones en los ámbitos político, empresarial y periodístico.
4. Divulgar, promover y negociar, a los niveles nacional y regional, la implementación de la estrategia quinquenal de acción cooperativa para la democratización de la comunicación.

¿Será este audaz y titánico esfuerzo equivalente a reinventar la utopía irrenunciable que animara a los rebeldes pensadores de los años del 70?

No hay duda de que lo sería, pero –como nos lo enseñara el inolvidable maestro brasileño Paulo Freire– no en el sentido de lo idealista irrealizable, sino en el del proceso dialéctico de denunciar la estructura deshumanizante y anunciar la estructura humanizante.